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Salud Mental: preocupan cambios en la ley

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Integrantes del Ministerio Público de la Defensa de La Pampa manifestaron su preocupación y alerta ante los posibles avances del proyecto de decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, que vendría a derogar al decreto 603/13, y que contradice los principios de la mencionada legislación vigente.

"Es nuestra obligación informar a la ciudadanía que el proyecto de Decreto que se pretende dictar, altera la concepción de la salud mental, entendida como un proceso multideterminado por aspectos históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos propios de cada trayectoria personal. E impone, en franco retroceso con lo previsto en el Derecho Convencional/Constitucional, el tradicional modelo médico de perspectiva biologicista/medicamentoso para el tratamiento de los padecimientos de la salud mental", sostuvieron.

Y agregaron: "Consideramos indispensable que se contemplen los objetivos de una ley que vino a terminar con la expropiación de todos los derechos de las personas con padecimientos mentales y que obliga al Estado a pensar, impulsar y garantizar abordajes integrales en clave de DDHH".

Y rechazaron la reinstitución de los "manicomios", bajo el velo de "hospitales especializados en psiquiatría y salud mental".

"Esto resulta admisible en un paradigma humano, social y político conteste con nuestra ley. Este decreto propicia los tratamientos en comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas y habilita la internación -encierro- compulsiva, bajo la sola justificación de la 'peligrosidad'. En ese sentido, reemplaza el requisito de la inminencia de los daños para sí o para terceros y deja librada la decisión a supuestos riesgos potenciales. Una vez más, sostenemos que el aislamiento no es la respuesta a la problemática", expresaron.

Dijeron desde el Ministerio Público que los cambios afectarán gravemente el derecho a una defensa técnica eficaz de las personas usuarias, al establecer que debe primar la opinión del equipo tratante en el esquema terapéutico, circunstancia que desoye la voz y los intereses de los y las usuarias.

"En síntesis, el decreto que pretende dictar desde el Poder Ejecutivo Nacional impone, nuevamente, la lógica del modelo tutelar de sustitución o apropiación de la voluntad de las personas. Esto se evidencia al reconocer expresamente que una persona puede ser declarada completamente incapaz, aún cuando ello resulte contrario a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, los TT y las Convenciones Internacionales comprometidas por nuestro país", concluyeron.
Modificado por última vez en Martes, 14 Noviembre 2017 17:08







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