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La Corte mandó a juicio al empresario que quiso desalojar a Simplicio Albornoz

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El empresario bonaerense Antonio Santiago De Franco irá a juicio oral y público por el delito de "actos de turbación de la posesión y alteración de los límites respecto de la fracción de campo" del puestero del oeste pampeano Simplicio Policarpo Albornoz (foto). Es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación denegó esta semana un pedido para que sea sobreseído, según la resolución a la que accedió Diario Textual.

La resolución fue firmada el 21 de este mes por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Carlos Maqueda. Desestimaron el planteo porque, dijeron, "el recurso extraordinario (de De Franco) no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal".

Antonio de Franco es un empresario que, junto a sus hermanos Oscar Alberto y Fernando Alfredo, está acusado de apropiarse de unas 200 mil hectáreas en el oeste pampeano, donde residían desde hace décadas puesteros, según ha denunciado el abogado Cedrún Gutiérrez. Posteriormente, ha vendido la mayoría de esos campos.

El caso de Simplicio Albornoz comenzó hace casi 20 años. Ocupa desde hace décadas el campo denominado Puesto Albornoz, ubicado dentro del Lote 6, Fracción D, Sección XIX, del Departamento de Limay Mahuida.

Los De Franco, recordó el querellante Cedrún Gutiérrez, hicieron unos 20 kilómetros de alambrado a la vera del lote 6, que linda con los lotes 5 y 10. Posteriormente reclamaron a la empresa que figuraba como titular registral del citado lote 6 -Compañía Sudamericana- que les abonara el 50 por ciento de lo insumido por el alambrado, es decir, unos 60.000 dólares.

La empresa no respondió al reclamo y, entonces, los De Franco hicieron una presentación judicial. El Juzgado Civil 5 trabó embargo del lote 6 y ordenó la subasta. Se hizo el 10 de abril de 1999. Sus adquirientes fueron, precisamente, los hermanos De Franco.

El Lote 6 estaba ocupado por Simplicio Albornoz, a quien posteriormente intentaron desalojar.

De Franco está acusado desde septiembre de 2014 por la Justicia pampeana. El empresario, poco después, pidió la prescripción de la acusación.

¿Qué argumentó a través de su defensor José Luis Ripamonti? Por un lado, que la acusación del fiscal había señalado que la turbación de la posesión había comenzado a finales de 2009, y como la prescripción comienza a correr desde la medianoche en que tuvieron lugar los actos turbatorios, consideraban que la acción se encontraba "ampliamente prescripta". En segundo lugar, sostuvo que el plazo de la investigación fiscal "excedió largamente el estipulado por la ley procesal" de 90 días y que debía dictarse el "sobreseimiento".

Sin embargo, los jueces provinciales que intervinieron sostuvieron que la acusación no estaba prescripta. Es que la acusación de turbar la posesión habría ocurrido durante el año 2012 y fue la que en concreto motivó la denuncia. Así, al no haber pasado el tiempo máximo previsto, no se podía caer la acusación.

Tampoco se podía dictar el sobreseimiento por haberse pasado los 90 días. "Corresponde destacar que entre la audiencia de formalización 9-9-2014 y la acusación 14-5-2015 efectivamente ha transcurrido holgadamente el término de 90 días que señala el artículo 274 del CPP", dijo en su momento el Tribunal de Impugnación. Pero agregó que, según la jurisprudencia, los plazos previstos en el artículo 274 del CPP son ordenatorios y su incumplimiento no amerita el dictado del sobreseimiento.
Modificado por última vez en Viernes, 24 Febrero 2017 19:05







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